Entra en vigencia ley que regula instalación de torres para antenas celulares
junio 11, 2012 Actualidad , Gobierno , Tecnología 
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Con la entrada en vigencia de la Ley de Torres, que regula con mayores exigencias urbanísticas y de participación ciudadana la instalación de estas estructuras, desde esta semana empezará a regir en el país un nuevo régimen legal para ordenar y racionalizar el despliegue y uso de infraestructura soporte de antenas celulares en las ciudades.
Tras una década de debate, este año fue aprobada por amplia mayoría la nueva Ley en el Congreso Nacional y tras la aprobación del Tribunal Constitucional, fue promulgada por el Presidente Sebastián Piñera.
Los ministros de Transportes y Telecomunicaciones, Pedro Pablo Errázuriz, y de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez, destacaron que la normativa reduce el impacto urbanístico de estas infraestructuras, abre espacios de participación ciudadana a nivel local de forma previa a la entrega de los permisos municipales, y cautela de forma preventiva la salud de las personas fijando un límite para las emisiones radioeléctricas que ubica a Chile entre los cinco países más estrictos de la OCDE.
El ministro Pérez resaltó que esta Ley “entrega por fin facultades reales a los Municipios para intervenir en los procesos de instalación de torres en su territorio comunal, porque estas obras requerirán permiso previo de las Direcciones de Obras de cada comuna. Además de los estudios técnicos y una serie de obligaciones urbanísticas que deberán cumplir e informar las empresas a los municipios y vecinos, se abre un inédito espacio de participación ciudadana para que los propietarios de inmuebles cercanos tengan un rol clave a la hora de definir qué medidas de mitigación o compensación acompañarán cada proyecto de instalación de torres”.
Por su parte, el ministro Errázuriz indicó que “además de proteger el paisaje urbano y la plusvalía de los barrios, la nueva ley se hace cargo de lo más importante: la salud de las personas de forma precautoria como recomienda la Organización Mundial de la Salud, fijando límites estrictos a las potencias de las antenas. Chile está marcando pauta en este sentido y nos hemos puesto entre los países más exigentes del mundo en este sentido. De esta forma, se armoniza el respeto al entorno urbano y calidad de vida de los vecinos, con el indispensable despliegue de infraestructura para servicios de telecomunicaciones que demandan los usuarios y que necesita el país”.
Entre los aspectos más relevantes de la nueva ley están los incentivos y opciones que entrega a las empresas para usar soportes de menor altura, menos invasivos, con diseños acordes al paisaje urbano o para usar infraestructura de terceros ya existentes en las ciudades, evitando los bosques de antenas.
En esta línea, el subsecretario de Telecomunicaciones, Jorge Atton, resaltó que la nueva ley apunta hacia un nuevo modelo en las telecomunicaciones, el de la compartición de infraestructura, que responde a una lógica de racionalidad económica. “Con la evolución tecnológica que ya existe y se está usando en los países avanzados de la OCDE, Chile puede tener los niveles de cobertura y calidad de servicio que necesita el país para su desarrollo, compartiendo la infraestructura, gastando menos recursos en fierro y cemento, bajando los costos e invirtiendo más en conectividad avanzada de forma más distribuida en las ciudades, que es lo que se necesita hoy para responder a los usuarios. Las torres grandes son del pasado. Esta tendencia se está expandiendo entre los principales operadores mundiales y en Chile anticipamos este cambio tecnológico en la nueva Ley”, afirmó.
En este nuevo escenario, la autorización para iniciar las obras de instalación de una torre soporte de antenas -de más de tres metros de altura- en un sector urbano de la comuna, es responsabilidad de la municipalidad respectiva a través de su Dirección de Obras Municipales, la cual estará encargada de recibir las obras finalizadas y verificar que las estructuras físicas cumplen con el proyecto autorizado y las normas establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
Adicionalmente, la Ley entrega plazos a las empresas para ajustar sus antiguas torres ubicadas en territorios saturados y zonas sensibles a la nueva normativa, proceso que debe ser informado a cada Municipio y será fiscalizado por las Direcciones de Obras de cada comuna.
upi/so
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Becomes effective law regulating installation of cellular antenna towers
- June 11, 2012 News , Government , Technology Print
With the entry into force of the Torres Act, which regulates more demanding urban citizen participation and installation of these structures, starting this week will be in force in the country a new legal regime to manage and streamline the deployment and use of infrastructure support cell towers in the cities.
After a decade of debate, this year was approved by a large majority the new law in Congress and after approval of the Constitutional Court was signed by President Sebastián Piñera.
Ministers of Transport and Telecommunications, Pedro Pablo Errazuriz, and Housing and Urban Development, Rodrigo Perez, stressed that the legislation reduces the urban impact of this infrastructure, open spaces for citizen participation at local level prior to the delivery of municipal permits , a preventive and precautionary health of people setting a limit to the radio emissions that places Chile among the five most stringent in the OECD.
Minister Perez stressed that the Act "finally delivers real powers to municipalities to intervene in the process of installation of towers in their communal territory, because these works require permission of the Works Directorates of each commune. In addition to technical studies and a series of urban planning obligations to be met and inform businesses and neighboring municipalities, opens an unprecedented space for citizen participation to nearby property owners have a key role in defining what measures mitigation or compensation will accompany each project to install towers. "
For his part, Minister Errazuriz said that "in addition to protecting the urban landscape and the goodwill of the neighborhoods, the new law takes care of the most important: the health of people in a precautionary manner as recommended by the World Health Organization , setting strict limits on the powers of the antennas. Chile is setting standards in this regard and we have placed among the most stringent in the world in this regard. In this way, harmonized respect to the urban environment and quality of life for residents, with the necessary infrastructure for deployment of telecommunications services that users demand and the country needs. "
Among the most important aspects of the new law are the incentives and delivery options for companies to use brackets lower height, less invasive, with consistent streetscape designs or to use existing third party infrastructure in cities, preventing forest antennas.
In this vein, the Undersecretary of Telecommunications, Jorge Atton, stressed that the new law aims at a new model in telecommunications, the infrastructure sharing, which corresponds to a logic of economic rationality."With the technological evolution that already exists and is being used in advanced OECD countries, Chile may have coverage levels and service quality that the country needs for its development, infrastructure sharing, spending fewer resources in iron and cement , lowering costs and increasing investment in more advanced connectivity distributed in cities, which is what is needed today to respond to users. The large towers are past.This trend is spreading among the main global operators in Chile and we anticipate this change in technology in the new law, "he said.
In this new scenario, the authorization to begin work to install an antenna support tower, more than three meters high in an urban commune is the responsibility of the respective municipality through its Directorate of Municipal Works , which is responsible for receiving the completed work and verify that the physical structures meet the approved project and the standards established in the General Urban Development and Construction.
Additionally, the Act limits delivery companies to adjust their ancient towers located in areas saturated and sensitive areas to the new rules, a process that should be reported to each municipality and shall be overseen by the Departments of Works for each commune.
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